Un abogado ingresó 38.477 escritos a la Oficina Judicial Virtual en tres días. Un insolente, un abogado insolente, como diría mi gran amigo Nicolás Rivadeneira.
La reacción del Comité de Jueces Civiles incluyó pedir que se prohíba el uso de IA para ingresar presentaciones judiciales.
El caso me parece un temazo, pero creo que la discusión se está reduciendo demasiado rápido a la inteligencia artificial y al abuso procesal. A mi juicio, también es una discusión sobre innovación legal y sobre las barreras que aparecen cuando la tecnología llega a instituciones diseñadas para operar manualmente.
Con los antecedentes públicos, ni siquiera está acreditado que haya habido IA. Lo que sí hubo fue un robot o agente automatizado. Para determinar si existió abuso importa menos cómo se llame la herramienta que lo que efectivamente se hizo con ella. El mero uso de tecnología no convierte una actuación en contraria a la buena fe procesal: la tecnología es neutra.
Las preguntas relevantes son otras dos.
Primero, ¿eran procedentes los escritos?
Según lo informado, el abogado dejó de prestar servicios a varias instituciones y debía renunciar al patrocinio y poder en las causas en que seguía registrado. Si eso es así, existía una gestión real que realizar y el volumen, por sí solo, no la vuelve improcedente. Si hubo escritos repetidos, innecesarios o ingresados sin revisar cada causa, la discusión cambia por completo.
Segundo, ¿era válido el método?
Que los escritos fueran procedentes no significa que cualquier forma de ingresarlos lo sea. Si la velocidad utilizada podía afectar previsiblemente el funcionamiento de la plataforma y el acceso de otros usuarios, también hay un problema que analizar.
Pero el caso deja algo más en evidencia. La OJV fue, en su momento, una innovación enorme, pero sus reglas y controles parecen seguir partiendo de la idea de que detrás de cada presentación hay una persona operando manualmente. Ese supuesto empezó a quedar viejo.
Bloquear una IP o poner un CAPTCHA resuelve la contingencia del día, pero no constituye una solución de fondo.
La misma Ley 20.886 que consagra la buena fe procesal también establece como principios la actualización de los sistemas y su interoperabilidad. En otros ámbitos, organismos como el SII llevan años habilitando canales automatizados para ciertos intercambios de información. El Poder Judicial probablemente tendrá que avanzar en esa misma dirección y establecer reglas claras para operaciones de alto volumen, con autenticación, trazabilidad y límites técnicos.
El error sería cerrar el caso diciendo que el problema fue la IA. Eso no permite determinar si hubo abuso y tampoco mejora el sistema.
La OJV resolvió el paso del papel a la pantalla. Ahora tiene que resolver el paso desde la operación manual a la automatizada.
La automatización va a seguir avanzando, con o sin este abogado, porque como él hay más insolentes. La regulación y la infraestructura tienen que asumirlo.
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